El año 2026 trae consigo importantes cambios normativos en España que afectan de forma directa a ciudadanos, profesionales y empresas. Muchas de estas reformas ya han comenzado a aplicarse, mientras que otras se desplegarán progresivamente a lo largo del año con el objetivo de modernizar el sistema jurídico y adaptarlo a nuevas realidades sociales, tecnológicas y económicas.
Uno de los ámbitos más relevantes es el penal. La reforma del Código Penal incorpora nuevas respuestas frente a conductas vinculadas a la cibercriminalidad, al uso ilícito de inteligencia artificial, a la manipulación digital de la identidad y a los ataques contra infraestructuras críticas. También se refuerza la persecución de los delitos medioambientales y se impulsa una visión más restaurativa de la justicia, centrada no solo en la sanción, sino también en la reparación del daño causado.
Inteligencia artificial
Otra novedad destacada es la aplicación progresiva del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, que fija límites claros al uso de determinados sistemas tecnológicos. Entre otras cuestiones, quedan prohibidas ciertas prácticas de IA especialmente invasivas o manipuladoras, como los sistemas que explotan la vulnerabilidad de las personas o que realizan determinadas categorizaciones biométricas sensibles. En el plano profesional, esta regulación obliga además a extremar la supervisión humana en el uso de herramientas automatizadas.
En el ámbito procesal, continúa el despliegue de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, orientada a hacer la Justicia más accesible y eficiente. Junto a ello, la fiscalidad también incorpora novedades importantes, con un mayor control tributario sobre empresarios y profesionales, nuevas obligaciones informativas sobre bienes y activos en el extranjero y una supervisión reforzada en relación con grandes patrimonios y grupos empresariales.
El derecho laboral también experimenta avances relevantes. Se consolida el teletrabajo y los modelos híbridos, se refuerza el derecho a la desconexión digital y se limita el uso de algoritmos en procesos especialmente sensibles, como la selección o el despido. Además, la transparencia retributiva gana protagonismo, ya que la normativa europea exige informar sobre la retribución inicial o la banda salarial y refuerza el derecho de la plantilla a conocer niveles salariales medios desglosados por sexo.
Protección de datos y derechos sociales
Por último, durante 2026 también se intensifican las actuaciones en materia de protección de datos, especialmente en sectores que tratan información sensible. A ello se suman medidas en vivienda y salud, como la prórroga de la suspensión de desahucios para hogares vulnerables y nuevas reformas destinadas a modernizar el sistema sanitario y facilitar el acceso a tratamientos innovadores. En conjunto, estas reformas reflejan la voluntad de adaptar el marco normativo español a los nuevos retos del presente.